Policías y militares que colaboren con criminales a cadena perpetua

Propuesta legislativa deberá aprobarse en segunda votación.

El Congreso de la República aprobó en primera votación un proyecto de ley que plantea severas sanciones para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que utilicen su posición para favorecer a organizaciones criminales. La iniciativa modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal con el objetivo de fortalecer la función militar y policial, así como prevenir delitos vinculados al ejercicio de estas actividades.

La propuesta establece penas de entre 20 y 30 años de prisión para aquellos efectivos que, aprovechando su cargo, proporcionen armas, municiones, entrenamiento, información o cualquier otro tipo de apoyo a bandas u organizaciones criminales. La sanción se incrementa de manera significativa cuando dicha colaboración derive en la muerte de una persona, supuesto en el que se aplicaría la pena de cadena perpetua.

Con esta medida, el Parlamento busca reforzar los mecanismos de control frente a posibles actos de corrupción o infiltración del crimen organizado en instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el orden interno del país.

INVESTIGADOS Y JUZGADOS POR UN SOLO ENTE

Otro aspecto relevante de la iniciativa es la precisión del concepto de delito de función. Según el texto aprobado, los hechos cometidos por efectivos militares o policiales durante actos de servicio, acciones de armas o en el marco de estados de emergencia serán considerados dentro de esta categoría y, por lo tanto, deberán ser investigados y juzgados por el Fuero Militar Policial.

Asimismo, la norma señala que ningún miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional podrá ser procesado simultáneamente por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en la jurisdicción militar policial. En caso de existir una controversia sobre la competencia para conocer un caso, prevalecerá la intervención del Fuero Militar Policial.

JUSTIFICAN INICIATIVA

Durante el debate legislativo, los promotores de la propuesta señalaron que estos cambios buscan otorgar mayor seguridad jurídica al personal uniformado y delimitar con mayor claridad las competencias de los órganos jurisdiccionales.

AMPLÍAN SUS BENEFICIOS

En una segunda decisión, el Congreso también aprobó un dictamen orientado a fortalecer la atención médica de los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La iniciativa modifica los decretos legislativos 1173, 1132 y 1174 para ampliar los beneficios de salud destinados a quienes realizan el servicio militar voluntario e incrementar el financiamiento estatal de los fondos de salud institucionales.

Entre las medidas contempladas figura el reconocimiento del derecho de los jóvenes que prestan servicio militar voluntario a recibir atención integral en los establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas durante todo el periodo de servicio y hasta tres meses después de su culminación cuando padezcan enfermedades derivadas de dicha actividad.

OTRAS MEDIDAS A FAVOR

Además, se aprobó elevar del 6 % al 9 % el aporte que realiza el Estado a los fondos de salud de las Fuerzas Armadas y a Saludpol. Según los impulsores de la norma, este incremento permitirá equiparar el nivel de financiamiento con el que reciben otros trabajadores del sector público afiliados a EsSalud.

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